26 Dic Ley de Movilidad Sostenible: principales claves que transformarán cómo nos movemos en España

Durante décadas, la forma en que nos movemos ha condicionado profundamente la vida de nuestras ciudades, pueblos y territorios. Los desplazamientos diarios al trabajo, al centro educativo, a los servicios sanitarios o al ocio determinan no solo nuestra calidad de vida, sino también la salud pública, la competitividad económica, la cohesión social y el impacto ambiental de nuestro país. Sin embargo, el modelo de movilidad basado principalmente en el vehículo privado y en el consumo intensivo de combustibles fósiles ha mostrado claros límites: congestión crónica, contaminación atmosférica, ruido, siniestralidad vial, desigualdades de acceso y una contribución significativa al cambio climático.

En este contexto, la movilidad ha dejado de ser un mero asunto de transporte para convertirse en una cuestión estratégica de primer orden. Europa avanza hacia un nuevo paradigma que pone en el centro a las personas, la sostenibilidad y la eficiencia, y España da ahora un paso decisivo en esa dirección con la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible.

La nueva ley define un marco integral que transforma la manera de planificar, gestionar y utilizar los sistemas de transporte. Reconoce la movilidad como un derecho colectivo, establece obligaciones concretas para administraciones y empresas, impulsa la descarbonización del sector y promueve alternativas más limpias, saludables y accesibles para toda la ciudadanía. Se trata, en definitiva, de una hoja de ruta para construir un modelo de movilidad más justo, moderno y alineado con los objetivos climáticos y sociales del siglo XXI.

Veamos cuáles son sus principales claves:

La movilidad como derecho y como política pública estratégica

La ley reconoce la movilidad sostenible como un derecho que permite el acceso real al trabajo, la educación, la sanidad y otros servicios básicos. Esto obliga a las administraciones públicas a garantizar sistemas de transporte accesibles, seguros, asequibles y ambientalmente responsables.

Este enfoque pone a las personas en el centro de la planificación y conecta directamente la movilidad con la cohesión social y territorial.

Un nuevo modelo de gobernanza y planificación

La norma establece un marco común de planificación para todo el Estado, promoviendo la coordinación entre Gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales. Se fomenta la integración de los distintos modos de transporte (ferrocarril, autobús, movilidad activa, servicios compartidos, etc.), con el objetivo de crear un sistema multimodal, conectado e interoperable.

Además, impulsa la digitalización del transporte mediante plataformas de “Movilidad como Servicio” (MaaS), facilitando al usuario la planificación y el pago integrado de sus desplazamientos.

Transporte público fuerte y movilidad activa como ejes del sistema

El transporte público y los modos activos (caminar y bicicleta) pasan a ser el eje vertebrador del sistema de movilidad. La ley impulsa su mejora, modernización y accesibilidad, promoviendo tarifas asequibles, integración de billetes y una red de infraestructuras que favorezcan alternativas al vehículo privado.

Esta apuesta tiene un objetivo claro: reducir la congestión urbana, mejorar la calidad del aire y disminuir las emisiones contaminantes.

Descarbonización y renovación del parque de vehículos

La ley alinea la movilidad con los compromisos climáticos europeos y el objetivo de neutralidad climática en 2050. Para ello:

• Impulsa la electrificación del transporte.
• Obliga a elaborar un Plan Nacional de Renovación del Parque de Vehículos.
• Prevê la revisión de las etiquetas ambientales de la DGT.
• Fomenta la infraestructura de recarga y las tecnologías de cero y bajas emisiones.

Estas medidas facilitarán una transición ordenada hacia una movilidad más limpia.

Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo: un cambio clave para las empresas

Uno de los cambios más transformadores es la obligatoriedad de los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST).

Todas las empresas y centros de trabajo con más de 200 trabajadores (o 100 por turno) deberán contar con un PMST.

El plazo máximo de implantación es de 24 meses, es decir, antes de diciembre de 2027.

Estos planes deberán fomentar el uso del transporte público, el coche compartido, la bicicleta, la movilidad activa y, cuando sea posible, el teletrabajo y la flexibilidad horaria.

Los PMST convertirán a las empresas en actores clave de la movilidad urbana, contribuyendo a reducir emisiones, tráfico y siniestralidad, y mejorando la calidad de vida de las personas trabajadoras.

Movilidad inclusiva, accesible y con enfoque social

La ley integra criterios de accesibilidad universal, igualdad de género y atención a personas con movilidad reducida, asegurando que los sistemas de transporte respondan a las necesidades reales de toda la población.

Asimismo, promueve la equidad territorial, prestando especial atención a zonas rurales y áreas con menor conectividad.

Educación, sensibilización y participación

Se refuerzan las acciones de educación y concienciación en movilidad sostenible, incorporando estos contenidos a la formación y fomentando la colaboración entre administraciones, empresas, centros educativos y entidades sociales.

Una oportunidad para transformar nuestras ciudades y territorios

La Ley de Movilidad Sostenible no es solo un marco normativo, sino una hoja de ruta para mejorar la calidad de vida, reducir el impacto ambiental del transporte y crear ciudades más habitables.

Su éxito dependerá de la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía. Desde el Instituto de Movilidad, este nuevo marco abre una oportunidad única para acompañar, asesorar y formar a los actores implicados, convirtiendo la obligación legal en una verdadera palanca de transformación social y ambiental.